JUSTICIA INTERNACIONAL

Por: Cristina Cardeño Gama,Republicación.

El pasado 5 de febrero, la Corte Penal Internacional (CPI) resolvió que, en efecto, tiene jurisdicción sobre la situación de los territorios ocupados en Palestina (Gaza, Jerusalén del Este y Cisjordania)  por parte del Estado de  Israel,  abriendo así paso a que eventualmente el/la fiscal de la Corte pueda abrir una investigación por crímenes de guerra. El anuncio de la Corte tuvo reacciones distintas. Por un lado, EEUU e Israel condenaron enérgicamente la decisión, mientras que Palestina celebró el dictamen trayendo así también esperanza para su situación.

¿Por qué es importante hablar sobre lo dictado por la Corte Penal Internacional?, ¿Se podría esperar que este acontecimiento signifique un paso hacia la resolución de la problemática palestina-israelí?, ¿Por qué EEUU reacciona de esa manera a la par de Israel?

La entrada en acción de la Corte Penal Internacional en el 2002, tras la firma del Estatuto de Roma que se dio en 1998, significó la creación de dicho tribunal penal internacional con autonomía propia. Fue un gran paso en materia de protección universal de los derechos humanos, y al día de hoy son 123 países los que han ratificado el Estatuto, aceptando  así la jurisdicción de la Corte. Resulta curioso que algunos de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no han firmado el Estatuto, como lo son Estados Unidos de América, Rusia, China, Israel, Cuba, entre otros.

La justicia internacional es un terreno pantanoso, pues muchas veces es complicado dilucidar entre cuáles situaciones de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra debería abrir una investigación o un proceso penal, cuando hay muchas otras ocurriendo a la vez en distintas partes del mundo. Además, con frecuencia se presenta la traba de cuáles son los países que no se adhieren al Estatuto y que han sido en ocasiones quienes perpetran dichas acciones. Para este caso, resulta difícil que Palestina logre sentar en el banquillo de los acusados a Israel debido a que, como se mencionó en líneas previas, el Estado israelí no reconoce la jurisdicción de la CPI, sumando varios lastres más que acarrea el Estado palestino como no ser reconocido como tal por gran parte de la comunidad internacional. Lo que sí logra Palestina es que se visibilice el caso de violaciones de derechos humanos, de crímenes de guerra y de hostigamiento por parte del Estado israelí en su contra que se ha normalizado a lo largo de los años.

Lo anterior es algo que tanto Israel como EEUU quieren evitar a toda costa porque trastoca intereses de índole política y geopolítica, claves para la ejecución de ambas Políticas Exteriores, y en gran parte doméstica para Israel. Por lo mismo, la decisión de la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, ha ganado severas críticas por parte de los Estados Unidos e Israel, quienes alegan que es un acto “puramente anti-semita” o que es “preocupante” la jurisdicción que se acredita sobre los territorios ocupados palestinos. Recordemos que durante el mandato del ex presidente estadounidense Donald Trump, el avance en los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania fue largamente tolerado y apoyado por EEUU, a lo que se añade la mudanza de la embajada estadounidense a Jerusalén, territorio no reconocido internacionalmente como israelí y por lo tanto, un acto que contraviene al Derecho Internacional.

La llegada de Joe Biden a la presidencia no aseguraba un viraje sobre cómo se maneja la Política Exterior de su país hacia Israel. Al contrario, era bien sabido que la probabilidad de que se siguiera apoyando al régimen de Bejamín Netanyahu sin modificaciones profundas seguiría en pie, aunque posiblemente cambie en cómo se aproximan ambos países política y diplomáticamente. En la praxis, el doble discurso (o doble moral) estadounidense se hace más evidente. Mientras que el presidente Biden, en su primer discurso sobre Política Exterior, asegura que su país retirará su apoyo hacia la campaña de bombardeos de Arabia Saudita contra Yemen, por el contrario, condena fuertemente la decisión de la Corte sobre investigar los crímenes de guerra cometidos por Israel contra los palestinos, los cuales por cierto, son comprobables y evidentes en el día a día.       

En definitiva, es una pequeña luz para los palestinos que desde hace algunos años, han sabido gestionar en el internacional más importante de todos, las Naciones Unidas y en la Corte Penal. A pesar de tener todas las probabilidades en contra, pueden comenzar a recolocar su situación en la palestra internacional, aunque sea por este corto tiempo. El ideal sería que la cooperación y solidaridad internacional con el caso palestino se hicieran presentes para comenzar a poner fin a la política de hostigamiento por parte de Israel hacia los palestinos. 

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